Los Objetivos de desarrollo del Milenio: Un reto para la consolidación de la democracia local y los Derechos Humanos (página 2)

1. La democracia, como la define Sartori, debe
   responder al principio del querer y del sentir de la
   mayoría limitada. Esto significa que el futuro de la
   democracia y su permanencia en el tiempo
   dependen de la conversión de las mayorías en
   minorías, y viceversa, pero también, de la
   capacidad de la sociedad
   de garantizar el desenvolvimiento del individuo.
   En este sentido, se requiere que la mayoría respete en
   todo momento los derechos y
   libertades de la minoría y que estas dos no apabullen
   los derechos del individuo. Los derechos de la mayoría
   no pueden ser ilimitados, sino, más bien, restringidos
   y evitando actitudes
   arbitrarias o autoritarias sin ningún control
   efectivo.

   Así pues, no habrá democracia cuando,
   por un lado, no haya protección de las minorías
   y, por otro, cuando la mayoría pueda autoerigirse
   permanentemente en ganador absoluto de todas las contiendas y
   acaparador de todos los privilegios y beneficios del progreso
   económico, social, cultural y político de la
   sociedad. Anular la oposición, por ejemplo, significa
   ir en contra de los mismos principios
   democráticos ya que se excluye del juego
   político a una parte esencial del demos y, por ende,
   se vacía de contenido el concepto de
   soberanía popular. La alternancia en un
   sistema
   democrático, pues, debe venir determinada por los
   distintos procedimientos electorales a través del
   sufragio
   universal e igual.

   La celebración de elecciones regulares y la
   representación política de la ciudadanía que conlleva, son una
   exigencia necesaria pero no suficiente para atorgar la
   etiqueta de país democrático, tal como lo ha
   señalado el informe
   sobre la calidad de la
   democracia en América
   Latina que ha lanzado una aguda pregunta:
   ¿Cuánta hambre aguanta una
   democracia?

   De otra parte, a nadie se le escapa que la
   convocatoria de unos comicios no tiene por qué ser
   necesariamente libre y, por tanto, la transmisión del
   poder que
   supone la representación no tiene por qué ser
   el reflejo de las distintas sensibilidades políticas de la sociedad. La
   concesión del poder a una elite política
   encargada de representar al pueblo debe ser, pues, libremente
   consentida y, por tanto, revocable. Si los dirigentes son
   capaces de sustraerse del control de la ciudadanía o
   los mecanismos de control habilitados a tal efecto carecen de
   plena eficacia, el
   sistema democrático está predestinado a su
   propio suicidio
   político. La rendición de cuentas
   (accountability), tanto vertical (entre representantes y
   representados) como horizontal (entre poderes
   públicos), son procedimientos ineludibles para la
   regeneración democrática. El control permanente
   a través de las elecciones sobre la actuación
   de las autoridades políticas permite que éstos
   respondan periódicamente de sus actos.

   Del mismo modo, la independencia de los poderes ejecutivo,
   legislativo y judicial, de los órganos de control y
   vigilancia y de las autoridades electorales, es decir, la
   autonomía de los pesos y contrapesos que ejercen los
   distintos poderes del Estado, es
   otra de las exigencias claves e ineludibles cuando pensamos
   en cualquier democracia.

   La llamada democracia directa, es decir, aquella en
   la cual la comunidad
   interviene en los asuntos públicos sin la
   intermediación de los mecanismos históricos de
   participación y gestión política, necesita de
   tres condiciones: en primer lugar, un Estado fortalecido en
   la democracia y no en el militarismo; en segundo lugar, una
   audaz política de descentralización y de incremento de la
   capacidad local de decisión y, en tercer lugar, una
   alianza de sectores sociales unida sistemicamente por un
   proyecto
   nacional.

   Si estas condiciones, entre otras, no se cumplen,
   los canales de participación de las comunidades deben
   referenciarse no con la democracia participativa sino con la
   democracia representativa. ¿Por qué
   razón? Por la razón de que como lo afirmaba
   Jurgen Habermas, las comunidades exigen no democracia
   retórica sino democracia en efectivo, democracia in
   cash, que no es otra que aquella que permite orientar los
   recursos
   públicos para resolver las necesidades colectivas y
   procurar el bienestar y la felicidad.

   Las comunidades pueden tener capacidad y creatividad a través de sus recursos
   culturales y de sus tradiciones para resolver sobre los
   asuntos de sus ámbitos locales, de sus comunas, de sus
   barrios y veredas. Pero cuando se trata de incorporar esas
   decisiones de manera orgánica al conjunto de la
   nación con la finalidad de potenciar el
   uso y goce de los recursos, de defender la soberanía y
   de proteger la identidad
   cultural, se exige un salto de calidad que convierte al
   comunero, al maestro, al padre de familia, al
   estudiante, al policía, al profesional, no en un
   líder social o deportivo, sino en un
   líder político, cuyo principal compromiso es el
   de utilizar los escenarios políticos de dirección del Estado para transformar
   las situaciones de injusticia y exclusión.

2. El municipio
   como epicentro de los derechos
   humanos.

Muchos tratadistas coinciden en señalar al
municipio como la célula
de la democracia, pues es allí donde vive la gente "de
carne y hueso", allí es donde cada cual se realiza como
ser humano, y donde la gente percibe el ejercicio del poder que
el pueblo ha conferido a las autoridades para asegurar el
bienestar colectivo y el ejercicio de las libertades
públicas. Es el escenario de la democracia cotidiana y en
consecuencia, es también el espacio geográfico e
institucional donde se vive la vigencia de derechos
humanos.

El municipio como unidad jurídico-administrativa
esencial del Estado es la primera instancia para la defensa,
protección y promoción de los derechos humanos. El
municipio enmarca la vida en sociedad, es el escenario por
excelencia para la interacción humana y la generación
de lazos naturales de vecindad, solidaridad y
organización. De igual forma, el municipio
es el escenario de los conflictos y
las diferencias propias de la complejidad política, social
y cultural de un país.

Es en el municipio donde todas las relaciones de corte
teórico encuentran su principio de realidad y
adaptación a las realidades concretas de su respectiva
cultura e
historia. Y es el
alcalde, como primera autoridad
municipal designada por sus conciudadanos, el que conoce de
primera mano las necesidades de su comunidad y quien debe
atenderlas de conformidad con las funciones que le
son encomendadas: dirige la
administración municipal, es la primera autoridad de
policía del municipio, ordena el gasto
público y es su representante legal.

La legitimidad histórica del municipio, su
cercanía a la comunidad y el
conocimiento de sus problemas la
hacen un agente clave para facilitar el desarrollo
local y la defensa, protección y promoción de los
derechos humanos. En el caso Colombiano, la Constitución Política de 1991 define
al municipio como la entidad fundamental de la división
político-administrativa del estado, entendiéndose
que es el municipio la célula
organizativa que está más próxima a las
necesidades por satisfacer y a los problemas por resolver. El
principal objetivo del
municipio es la realización de los principios del Estado
social de derecho, es decir, la vigencia de las tres generaciones
de los derechos humanos. Es servir a su comunidad, generando y
prestando los servicios
sociales, garantizando a su comunidad la satisfacción de
las necesidades mínimas y básicas, de manera
eficiente y eficaz, en particular, los servicios domiciliarios y
las condiciones mínimas habitacionales.

El segundo gran objetivo del municipio tiene que ver con
la promoción de la prosperidad general, en términos
de aumentar la riqueza colectiva, desarrollar las potencialidades
humanas y mejorar la situación económica,
atendiendo su propia diversidad, cultura y potencialidades. En
consecuencia, es el municipio quien debe proveer los bienes de uso
público, el equipamiento colectivo, la provisión de
medios e
instrumentos que promuevan el desarrollo de las actividades
económicas, profesionales y laborales. Asimismo, debe
diseñar estrategias que
tiendan a la equidad real y
efectiva en cuanto a la asignación de los recursos
públicos y la adopción
de medidas a favor los grupos
sociales discriminados o marginados. En este sentido debe
fomentar la participación de todos en las decisiones que
afectan la vida de la comunidad, en materia
política, administrativa y cultural, desarrollando
instrumentos institucionales en su organización y
gestión.

Un tercer objetivo, es el aprovechamiento de los
recursos disponibles en la localidad de cara al bien
común. En este sentido, los gobernantes locales deben
utilizar las ventajas comparativas y competitivas de los
municipios. El fomento de la solidaridad y de la búsqueda
del bien común, debe ser la regla de oro para el
mejor aprovechamiento de los recursos de los
municipios.

La importancia de los municipios en la promoción,
defensa y protección de los derechos humanos es
determinante, pues las acciones que
emprenden los alcaldes y demás autoridades municipales en
el marco de sus planes de gobierno,
garantizan los derechos de la población desde iniciativas reales. Cuando
desde las alcaldías se emprenden campañas para
prevenir los conflictos violentos, reducir la accidentalidad o
asumir una sexualidad
responsable, el alcalde está protegiendo el derecho a la
vida. Cuando recibe de manera abierta y propositiva las
críticas a su gestión, permite la libre
expresión. Cuando trata como iguales a todas las personas
de su comunidad sin importar el género, la
orientación sexual, la etnia, la
condición económica, la edad o la filiación
política, está garantizando el derecho a la
igualdad y a
la no discriminación. Cuando respeta la vida
personal y
familiar de todos los miembros de su comunidad, posibilita el
derecho a la intimidad.

De igual forma, cuando el gobierno municipal hace uso
adecuado de los recursos que le trasfiere la nación,
está promoviendo los derechos a la educación y la
salud y la
vigencia del estado social de derecho. Cuando ofrece los espacios
para que las y los jóvenes participen, fortalece los
derechos de este sector de la población. Cuando brinda
espacios de esparcimiento y ofrece las condiciones para la
recreación, está garantizando los
derechos al deporte, el
aprovechamiento del tiempo libre y a la cultura.

Sin embargo, el municipio no es el único
responsable de los derechos humanos, es mas, su plena vigencia
desborda el ámbito de competencia de
los gobiernos locales. Aspectos como la seguridad humana,
la política
económica y el diseño
del modelo
desarrollo, la función de
justicia y la
protección de las libertades públicas deben
encontrar en el marco legal e institucional nacional, los
principales protagonistas.

Es equivocado pensar que una descentralización de
la política pública de defensa, protección y
promoción de los derechos humanos, descargue de sus
responsabilidades primigenias a las autoridades nacionales
transfiriendo a los ámbitos locales de gobierno y a la
misma comunidad, responsabilidades que las desbordan. En este
sentido, es conveniente entonces, una sana coordinación entre las autoridades
nacionales, regionales y locales de cara a garantizar los
derechos humanos, asumiendo cada una de estas instancias sus
responsabilidades y generando complementariedades producto de
las sinergias de las alianzas para el trabajo
mancomunado en lo local, eso sí, por los derechos humanos.

4.
Los objetivos de
desarrollo del Milenio y los derechos humanos.

Los objetivos de desarrollo del milenio son una serie de
compromisos adquiridos por las naciones del mundo en la llamada
cumbre del milenio del año 2000 para erradicar antes del
2015 flagelos como la pobreza
extrema y el hambre, el analfabetismo,
la discriminación a las mujeres, la mortalidad
materno infantil, frenar pandemias como el paludismo y el
VIH/SIDA, garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente
y dar pasos en la consolidación de una agenda mundial para
el desarrollo de los países más pobres del planeta.
Estos objetivos están relacionados con el ejercicio de los
derechos de la tercera generación, o derechos colectivos y
de la solidaridad, que imponen a un mundo globalizado
responsabilidades con personas y pueblos enteros que hoy viven en
condiciones que los países ricos tenían hace 400
años.

1. Erradicar la pobreza
   extrema y el hambre.

La pobreza extrema y el hambre no pueden entenderse
solamente como la carencia o limitación que se le presenta
a las personas para llevar a su mesa una ración necesaria
para su pervivencia diaria o la mera falta de ingresos. Es
también, entre otras cosas, la condición de
humillación que produce la mendicidad; es la falta de
oportunidades y la concentración de la riqueza y de las
oportunidades; es la falta de valoración de las
capacidades de las grandes mayorías excluidas de los
beneficios del progreso.

Este objetivo se identifica con derechos humanos como:
el derecho a la vida por la vulnerabilidad manifiesta que la
pobreza plantea a las personas; con el derecho a la
protección de la dignidad
humana, pues ésta es concebida como la capacidad de
valerse por si mismo y la pobreza genera la perversidad de la
dependencia y la vulnerabilidad; con el derecho a la libertad
personal pues nadie puede hacer uso de la libertad si no tiene
los medios necesarios para ejercerla; con el derecho a la
igualdad y a la no discriminación, cuando la
condición social y la pobreza son una causa, pero
también un motivo de exclusión; con el derecho a la
libre circulación por el territorio cuando en casos como
el colombiano la pobreza se deriva del desplazamiento forzado;
con el derecho a la educación cuando esta
no se posibilita como medio para generar equidad; con el derecho
a la libertad de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra, cuando no
se puede acceder a lo que dicta la vocación por la
ausencia de acceso a la educación
superior; con el derecho a la reunión y a la
asociación cuando no se incentiva el trabajo
cooperativo y la
organización social; con el derecho a la participación política pues ofrece
la posibilidad de elegir gobernantes adecuados; con el derecho de
petición pues gracias a él se puede presionar para
que las entidades gubernamentales adopten medidas que favorezcan
a los pobres; con el derecho al trabajo cuando no se puede
acceder a él o se labora en condiciones neo-esclavistas;
con el derecho a la salud pues en una situación de
vulneración manifiesta como la pobreza extrema, la salud
se constituye en uno de los más preciados bienes; con
derechos de las minorías, que generalmente son las mas
golpeadas con la pobreza como las mujeres, los niños y
jóvenes, los ancianos y los discapacitados; con el derecho
a una vivienda adecuada, pues si no hay pan es posible que no se
tenga tampoco un techo digno; con el derecho a la
recreación, la práctica del deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre, pues la pobreza extrema
sólo genera angustia; con el derecho a la cultura, ya que
la pobreza afecta con frecuencia a las minorías
étnicas; con el derecho a un medio ambiente
limpio, pues la pobreza obliga a refugiarse allí donde
otros no lo harían y con el derecho a la paz, pues no hay
condición más violenta que la pobreza y el
hambre.

Algunas iniciativas para trabajar en este
objetivo:

• Promover condiciones de trabajo dignas y respetuosas
  de los derechos de los trabajadores.
• Implementar un plan municipal
  de empleo e
  instar a la empresa
  privada a la generación de nuevos puestos de
  trabajo.
• Proporcionar oportunidades para que las personas
  realicen sus ideales de vida facilitando el derecho a la
  libertad personal.
• Creación y puesta en marcha de mecanismos de
  acceso al crédito, tales como el banco de los
  pobres, el microcredito asistido, etc.
• Creación y puesta en marcha de cooperativas
  y precooperativas, así como de encadenamientos
  productivos que utilicen las ventajas comparativas y
  competitivas de las regiones y de sus pobladores.
• Prevenir formas laborales seudoesclavizantes, asi
  como el trabajo de los niños.
• Promover el acceso a la propiedad de
  tierra y
  techo.
• Sensibilización social hacia la
  utilización de las capacidades y recursos de los
  sectores vulnerables y marginales.
• Vinculo de los saberes ancestrales de las de
  minorías étnicas y raciales.
• Acciones de no discriminación a discapacitados
  y enfermos.
• Diseño e implementación de estrategias
  de descentralización y participación ciudadana, en particular en
  la co-gestión del desarrollo local.
• Prevención sobre nuevas formas de esclavitud y la
  trata de personas.
• Prevención y atención integral a las poblaciones
  desplazadas por la violencia.
• Promoción de organizaciones
  de economía solidaria y las diversas formas
  de organización comunitaria.
• Viabilizar el libre acceso a cargos
  públicos.
• Promover acciones para la generación de
  ingresos de poblaciones como las mujeres y los
  jóvenes.
• Vinculación de los excluidos al desarrollo
  comunitario del municipio.
• Prevención de la
  drogadicción, el alcoholismo
  y el consumo de
  sustancias psicoactivas.
• Protección especial a la población de
  la tercera edad.
• Promoción de formas asociativas para la
  autoconstrucción de vivienda. Así como facilitar
  el acceso a subsidios de los gobiernos nacionales y el acceso
  de vivienda a las poblaciones rurales.
• Adelantar jornadas de sensibilización en los
  medios comunitarios de comunicación local para solidarizarse con
  las personas que están en debilidad
  manifiesta.

En el tema alimentario, se puede aplicar el principio de
seguridad alimentaria, el cual implica:

• Dar prioridad a la producción de alimentos para
  el mercado
  doméstico y local, basada en sistemas
  productivos campesinos y familiares, diversificados y
  agroecológicamente gestionados.
• Asegurar precios
  justos a los productores, lo que significa el poder de proteger
  el mercado interno de importaciones
  subsidiadas a bajos precios.
• Acceso a tierras, agua,
  bosques, áreas de pesca y
  otros recursos productivos a través de una
  redistribución genuina.
• Reconocimiento y promoción del rol de la mujer en
  la producción de alimentos, en el acceso y control
  equitativo de los recursos productivos.
• Control de la comunidad sobre los recursos
  productivos, como opuesto a la propiedad corporativa de
  la tierra
  el agua, los
  recursos genéticos, etc.
• Protección de las semillas, base de los
  alimentos y de la vida en sí misma, para el libre
  intercambio y uso entre productores, lo que implica no patentar
  la vida y la moratoria para los organismos genéticamente
  modificados que conduce a la
  contaminación genética a la diversidad genética
  esencial de plantas y
  animales.
• Inversión pública en apoyo a
  actividades productivas familiares y a comunidades,
  enfocada al empoderamiento, al control local y a la
  producción de alimentos para la población y el
  mercado local.
• Adelantar acciones como la creación de un
  banco de alimentos y programas de
  nutrición y acceso a una alimentación
  adecuada para niños y niñas, mujeres, ancianos y
  poblaciones marginadas.

1. Lograr la enseñanza primaria
   universal.

La educación constituye uno de los mayores
factores para generar equidad en una sociedad y está
asociado de manera directa con el derecho a la educación,
sin embargo de manera complementaria se asocia a derechos humanos
como: con el derecho a la protección de la dignidad
humana, en tanto la educación ofrece igualdad y fortalece
el autoestima de
las personas; con el derecho a la igualdad y a la no
discriminación, cuando todos los niños son
atendidos en las escuelas sin distinción alguna; con el
derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica pues este contribuye a que los
niños puedan hacer uso efectivo de sus derechos y accedan
fácilmente a los centros educativos; con el derecho al
libre desarrollo de la personalidad
pues la educación pública y pluralista debe generar
autonomía; con el derecho a la libertad de
expresión y a la información para que las comunidades sepan
por qué y cuando deben llevar sus hijos a la escuela; con el
derecho de petición pues este es un mecanismo de presión
para el ejercicio del derecho; con el derecho a la reunión
y a la asociación pues la educación debe garantizar
ciudadanos dispuestos a trabajar por el bien común y con
visión de comunidad; con el derecho a la
participación política pues la educación
también debe formar en la responsabilidad del bien común; con el
derecho al trabajo y a la seguridad
social pues este debe garantizarse a los docentes; con
el derecho a la salud para educarse lejos del flagelo de la
enfermedad, con el derecho a la vivienda adecuada pues la escuela
es una segunda casa y esta debe ser digna y adecuada, con el
derecho a la cultura pues esta debe ser respetada y exaltada en
los contextos educativos.

Algunas iniciativas para trabajar en este
objetivo:

• Adelantar planes municipales de mejoramiento de la
  calidad, ampliación de la cobertura y disminución
  de los costos de
  acceso a la educación.
• Facilitar el ejercicio docente mediante el pago
  oportuno y condiciones dignas de trabajo, así como
  promocionando formas de mejoramiento profesional de los
  profesores.
• Adelantar programas de subsidios y estímulos a
  las familias de los niños mas pobres para que los puedan
  mandar a la escuela.
• Diseñar e impartir programas educativos libres
  de fanatismos, estigmatizaciones y prejuicios.
• Fortalecimiento de las emisoras de radio
  comunitaria como mecanismos de difusión de los programas
  educativos.
• Garantizar información a la ciudadanía
  sobre las alternativas de educación en la
  región.
• Garantizar la educación de las comunidades
  indígenas y de las minorías étnicas, de
  conformidad con sus usos y costumbres.
• Buscar el fomento de programas como escuela
  saludable, el cual integra a la escuela elementos como: el
  manejo de los alimentos, la alimentación adecuada, la
  prevención de enfermedades y los
  programas de vacunación y atención primaria en
  salud a los niños y niñas.

1. Promover la igualdad entre los sexos y la
   autonomía de la mujer.

La igualdad de género es un imperativo en cuanto
son las mujeres las que con mayor frecuencia se ven sometidas a
flagelos como la pobreza, la discriminación y la
violencia. Garantizar su desarrollo en la sociedad y la igualdad
es un objetivo que está directamente relacionado con los
derechos de las mujeres, vigentes desde 1954.

Sin embargo, el desarrollo pleno de tales derechos
está asociado de manera complementaria con derechos como:
el derecho a la protección de la dignidad humana que
permite a la mujer ser reconocida y valorada por la sociedad; el
derecho a la libertad personal y al libre desarrollo de la
personalidad, que le garantiza autonomía y libre
albedrío; el derecho a la igualdad y a la no
discriminación en cualquier ámbito de la visa
social; el derecho a la libertad de
expresión y a la información, que le ofrece la
posibilidad de disentir, de informarse y formarse un criterio
propio; el derecho a la libertad de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra, con lo cual
se debe garantizar decidir sobre su propia vida y el rol
profesional que desee asumir; el derecho a la reunión y a
la asociación para garantizar sus derechos
políticos y de participación comunitaria; el
derecho a la participación política para que pueda
elegir y ser elegida, así como ser parte de cualquier
institución del gobierno; el derecho al trabajo, para que
este la dignifique, le genere autonomía y sea tratada con
respeto e
igualdad; al derecho a la seguridad social y a la salud, lo cual
le garantiza la atención materna, la prevención y
tratamiento de enfermedades y los subsidios que sean necesarios
ante una eventual convalecencia; el derecho a una vivienda
adecuada pues en muchos casos es la mujer la que está al
frente de un grupo familiar
y facilitar el acceso a la vivienda es propiciarlo a toda una
familia y el derecho a la cultura como una forma de incentivar su
arraigo, la exteriorización de su identidad y la
decisión sobre su futuro desde el conocimiento
de su pasado y su presente.

Algunas iniciativas para trabajar en este
objetivo:

• Adelantar los procesos de
  planeacion municipal y presupuestación con enfoque de
  genero. De
  la misma manera, la rendición de cuentas de los
  Alcaldes, visibilizando los derechos de las mujeres, puede
  contribuir al logro del objetivo mencionado.
• Promover el liderazgo
  femenino en todas las esferas de la vida municipal, en
  particular en el ejercicio de responsabilidades
  políticas en cargos públicos.
• Instruir a los servidores
  públicos y a toda la sociedad, sobre la tolerancia y el
  respeto a las diferencias.
• Adelantar acciones educativas y de
  investigación para romper tabúes, estigmas y
  cambiar conductas socialmente aceptadas como el machismo y la
  discriminación.
• Promoción de la tolerancia en todos los
  ámbitos de la vida en comunidad.
• Adelantar programas de prevención,
  sanción y erradicación de la violencia contra la
  mujer.
• Conformación de los Consejos Municipales de
  protección a la familia y la niñez.
• Fortalecimiento de las emisoras de radio comunitaria
  como medio para promover la equidad y la no
  discriminación.

1. Reducir la mortalidad infantil.

La mortalidad infantil sigue siendo una de las mayores
dificultades para los países en vías de desarrollo
por múltiples factores como la ausencia de agua potable,
una alimentación deficitaria, la limitación en los
programas de inmunización y vacunación, la
inasistencia médica y otra serie de factores que sumados,
ponen a los niños en una situación de
vulnerabilidad que merece atención y acciones decididas de
parte de los gobiernos nacionales y locales.

El derecho a la vida está directamente asociado a
este objetivo y por tanto, en él confluyen todos los
derechos humanos en la medida en que la vida no se asocia
estrictamente a la mera supervivencia, sino al pleno disfrute de
la vida en condiciones de dignidad. De manera complementaria este
derecho a la vida puede asociarse: al derecho a la igualdad y a
la no discriminación en el trato en centros asistenciales
y en los programas de atención a la niñez; al
derecho de petición como mecanismo de presión y de
exigencia frente a las entidades pertinentes; al derecho a la
salud y a la seguridad social para que los niños puedan
ser atendidos en los centros asistenciales y sean además
amparados en casos de enfermedades de alto costo; a los
derechos de los niños y las niñas, los cuales son
un mecanismo que propicia un trato preferencial a la infancia; y,
al derecho a un medio ambiente limpio, por la facilidad que
tienen los niños a ser víctimas de condiciones
medioambientales adversas.

Algunas iniciativas para trabajar en este
objetivo:

• Implementar programas de vacunación,
  seguimiento nutricional y capacitación en la atención a los
  niños.
• Buscar la total cobertura en salud para la infancia y
  hacer énfasis en las poblaciones
  vulnerables.
• Promoción de la ética
  médica y de la responsabilidad social de los centros
  asistenciales frente a los niños y
  niñas.

• Velar por que se cumplan los trámites de
  registro
  civil como una forma de reconocimiento y amparo legal
  para los niños y niñas.
• Promocionar y velar los derechos de los pacientes con
  énfasis en los niños, los cuales deben ser
  atendidos de manera prioritaria.
• Puesta en marcha de Sistemas Locales de
  Información para la prevención de enfermedades y
  la difusión de programas educativos.
• Conformación de los Consejos Municipales de
  protección a la familia y la niñez.
• Adelantar programas de prevención, control y
  sanción de la violencia
  intrafamiliar.

1. Mejorar la salud materna

La salud materna se asocia directamente al derecho a la
vida y por tanto, tiene un amplio espectro de relación con
los derechos humanos y particularmente con los derechos de las
mujeres, los derechos sexuales y reproductivos concebidos en el
marco de los derechos de la familia;
con el derecho a la salud y a la seguridad social, los cuales
garantizan la atención que deben recibir las mujeres
gestantes y lactantes.

De una manera complementaria pero no menos importante,
la salud materna se asocia al derecho a la protección de
la dignidad humana, pues en la dignidad subyacen factores como el
estar libre de la violencia doméstica, de la violencia
sexual y de otras formas de ultraje; al derecho a la igualdad y a
la no discriminación; al derecho al libre desarrollo de la
personalidad; al derecho a una vivienda adecuada, que posibilite
una condición de vida adecuada y que cuente además
con servicios sanitarios; y al derecho a un medio ambiente
limpio, que se asocia al acceso a fuentes de
agua potable y al disfrute de servicios
públicos domiciliarios.

Algunas iniciativas para trabajar en este
objetivo:

• Promover y adelantar programas de salud para mujeres
  gestantes y lactantes.

• Promoción de la ética
  médica, así como la oportuna atención de
  las mujeres en los centros asistenciales.

• Promoción de programas de salud sexual y
  reproductiva.
• Conformación de los Consejos Municipales de
  protección a la familia y la niñez.
• Protección especial a la mujer
  rural.
• Promover la afiliación a la seguridad
  social.
• Enfatizar los programas educativos que ofrezcan a los
  jóvenes capacitación en una sexualidad
  responsable y eviten el embarazo
  juvenil.
• Promover hábitos saludables para las mujeres
  gestantes y lactantes como el adecuado manejo de los alimentos,
  el mantenerse alejadas del alcohol y
  las sustancias psicoactivas.

1. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
   enfermedades

La concentración demográfica, el poco
énfasis de programas de prevención de las
enfermedades de transmisión sexual y la aparición
tardía de los primeros síntomas, son sólo
algunos de los factores que inciden para que una pandemia como el
VIH/SIDA siga avanzando exponencialmente. Sin embargo, gracias al
desarrollo de nuevos medicamentos, en algunos países los
contagiados pueden llegar a tener un tratamiento que les devuelve
la calidad de
vida y les genera una alta expectativa de supervivencia a
largo plazo, lo que hace que el VIH/SIDA pase de ser un problema
de salud
pública a un problema de carácter económico, por cuanto quien
no tiene el dinero para
costearse el tratamiento se ve abocado a morir señalado y
segregado.

En este sentido el derecho a la vida se asocia casi de
manera directa con el derecho a la salud, a la seguridad social y
al derecho a la igualdad y a la no discriminación, que
deben garantizar un tratamiento adecuado y permanente a todas
aquellas personas que sean víctimas de estas enfermedades
de alto costo; de igual forma el derecho de petición se
convierte en un instrumento importante para garantizar la
tutela de
dichos derechos por parte de las autoridades
competentes.

Algunas iniciativas para trabajar en este
objetivo:

• Realizar una agresiva campaña educativa de
  difusión y prevención, que ponga fin a los
  tabúes frente a la sexualidad y permita que sea asumida
  de manera responsable. Esta iniciativa debe partir del supuesto
  que cualquier persona puede
  ser infectada y que en ese sentido, todos podemos ser
  potenciales víctimas. De esa forma se buscará
  atender igualmente otro de los grandes problemas que viven los
  infectados de estas enfermedades, como lo es la
  discriminación y la exclusión.
• Adelantar programas educativos de prevención,
  difusión y toma de exámenes en instancias
  próximas al cotidiano vivir de las personas como: sitios
  de trabajo, bares, centros comerciales, conciertos, festivales,
  etc. Se trata de hacer visible la problemática y que las
  personas comprendan la necesidad de la
  prevención.
• Formular programas para el manejo y acceso a
  tratamiento para las personas afectadas por estas
  enfermedades.
• Facilitar que las mujeres gestante puedan hacerse
  pruebas y si
  resultan portadoras hacer el seguimiento adecuado para
  garantizar que el bebe nazca sano.
• Promoción de la ética medica hacer
  seguimiento a los centros asistenciales para que ofrezcan un
  tratamiento adecuado a los pacientes.
• Promover la afiliación de la población
  a la seguridad social y garantizar la cobertura en salud a
  quienes no tienen los ingresos para costear un régimen
  de afiliación contributivo.

1. Garantizar la sostenibilidad del medio
   ambiente

La sobre-explotación de los recursos
naturales, así como la deforestación y la extinción de
cientos de especies de flora y fauna son cada
vez más frecuentes. Muchos de los países en
vías de desarrollo, especialmente en América
latina, tienen la ambigua condición de estar en
territorios ricos en recursos y diversidad biológica y al
mismo tiempo padecer de situaciones como la pobreza extrema, la
inasistencia médica, las precarias condiciones sanitarias
y otros múltiples factores. A esto se suma que en la
dinámica del mercado, los recursos
naturales resultan una fuente importante de riqueza privada que
los explota desconociendo que son un patrimonio
público, colectivo, y que requiere un manejo sostenible
generado a su vez el menor impacto sobre los ecosistemas.

Este objetivo del milenio coincide con los derechos
humanos colectivos y del medio ambiente. Se asocia de manera
directa con el derecho a un medio ambiente limpio, que
también implica su preservación para las futuras
generaciones y también está profundamente ligado
con los derechos de los usuarios de servicios públicos por
cuanto estos deben preservarse de la privatización y constituirse como bienes
públicos. En cuanto a la sostenibilidad de los recursos
naturales, estos se relacionan con los derechos, pero
también con los deberes de los consumidores, los cuales
deben procurar un uso racional de recursos como el aguay la
energía.

Algunas iniciativas para trabajar en este
objetivo:

• Propender por que las autoridades cumplan con
  funciones de control, vigilancia y sanción a quienes
  explotan los recursos naturales. Una situación frecuente
  en las grandes ciudades es la explotación fraudulenta de
  aguas subterráneas para surtir empresas
  privadas y evadir así el pago de este importante
  recurso.
• Garantizar la oferta,
  cobertura y calidad de bienes y servicios a los usuarios
  más necesitados. Buscar alianzas para que servicios como
  el agua y los servicios sanitarios puedan implementarse en las
  poblaciones más marginales como una forma de garantizar
  la salud de los ciudadanos.
• Implementar programas educativos para el buen consumo
  y el uso racional de los recursos naturales.
• Promover en los productores, proveedores
  y expendedores, el deber de informar a los ciudadanos sobre los
  ingredientes y posibles efectos secundarios del uso de los
  productos
  existentes en el mercado como una forma de responsabilidad
  empresarial frente al consumidor.
  De igual forma se debe propender por sacar del mercado aquellos
  productos que puedan lesionar o atentar contra la salud de las
  personas.
• Garantizar un control efectivo a la
  explotación de los recursos naturales.
• Vigilar y sancionar el tráfico de especies de
  fauna y flora.
• Educar, vigilar y sancionar a quienes contaminen las
  aguas, el aire y los
  suelos.
• Cuidar y velar por la conservación de la
  calidad de las aguas y controlar las actividades que generen
  vertimientos, evitando todas aquellas acciones que puedan
  causar su contaminación tales como arrojar en
  ríos y quebradas materiales
  de desecho y residuos
  sólidos, aguas residuales y efluentes de la industria
  sin tratamiento y demás actividades que generen
  vertimientos sin el respectivo permiso, con grave peligro para
  la salud y la vida de las personas que necesitan hacer uso de
  esas aguas.
• Control de la contaminación auditiva y sonora,
  promoviendo el derecho que tienen las personas a estar libres
  del ruido y
  vivir una vida tranquila.
• Promover la responsabilidad
  social empresarial en temas medio-abientales.

1. Fomentar una asociación mundial para el
   desarrollo

La transferencia de tecnología, el apoyo
económico y la cooperación técnica entre los
países desarrollados y aquellos que están en
vías de desarrollo, se consolida en este objetivo del
milenio y propende por generar condiciones de equidad e igualdad
en todo el planeta. Este objetivo es sin duda el más
ambicioso y compromete la voluntad política de las
naciones más industrializadas para que dicho objetivo se
haga realidad.

Sin embargo, no se trata de una medida altruista, sino
de un compromiso irrestricto con todos los derechos humanos y que
trasciende las fronteras nacionales. En este objetivo confluyen
las tres generaciones de derechos humanos y se vinculan de manera
directa derechos como la vida y la dignidad de la misma, la
igualdad y la no discriminación, la educación y la
salud, los cuales son campos estratégicos para alcanzar un
desarrollo
sostenible y duradero allí donde las condiciones de
precariedad han sumido a los pueblos en la pobreza y la
exclusión durante generaciones.

Si bien este objetivo implica una gran alianza,
también pueden darse pasos para desarrollarlo desde lo
local mediante acciones como el adecuado manejo de los recursos,
el favorecer el bien común y buscar amplia la cobertura de
los servicios de salud, educación, servicios sanitarios y
agua potable.

Algunas iniciativas para trabajar en este
objetivo:

• Propiciar el diseño, planeación y ejecución del
  presupuestos
  de manera participativa, buscado favorecer los sectores
  más vulnerables de la población como los
  niños, mujeres, jóvenes, desplazados,
  minorías étnicas, etc.
• Adelantar acciones de cooperación con el
  gobierno nacional para promover el desarrollo regional en
  ámbitos como la educación, la generación
  de ingresos, acueductos, alcantarillados, salud y seguridad
  social.
• Propender por el hermanamiento entre las ciudades y
  regiones del mundo, dando paso a nuevas formas de
  cooperación descentralizada y de intercambios de
  experiencias y mejores practicas.

• Promoción de formas asociativas para el
  trabajo en el municipio, la construcción de vivienda y la
  ejecución de proyectos de
  beneficio general.
• Implementar de manera sinérgica y simultanea
  las acciones enumerada para todos los objetivos
  anteriores.

4. El necesario
   complemento del control social de la gestión
   pública con enfoque de Derechos
   humanos.

Adoptar un marco de derechos humanos para el control
social de la gestión publica, ayuda a mejorar la cultura
de derechos humanos, refuerza la legitimidad de las instituciones
publicas y contribuye a mejorar los niveles de gobernabilidad
democrática. Ofrece un camino para la gestión
publica donde la participación ciudadana adquiere un
especial significado, pues hace parte tanto del proceso como
de los resultados en materia de incremento de la vigencia de los
derechos humanos. En este sentido el control social de la
gestión pública con enfoque de derechos humanos
comprende:  

• Visibilizar el marco de derechos humanos que una
  determinada política pública o plan de inversión posee. Se trata de hacer
  pedagogía de derechos humanos a partir de
  casos concretos de su aplicación.
• Fomento de inteligencia
  social sobre la defensa, protección y promoción
  de los derechos humanos. La inteligencia social hace referencia
  a la capacidad de la sociedad de autotransformarse y de
  organizarse, de la posibilidad de enfrentar y crear nuevos
  desafíos, de la capacidad que tiene un orden humano para
  detectar y resolver problemas a partir de las experiencias
  acumuladas y del libre debate de
  opciones alternativas.
• Diseño de indicadores
  de impacto y de evaluación de políticas
  públicas con enfoque de derechos humanos.
• Fortalecimiento de la cultura ciudadana de derechos
  humanos.
• Promoción del derecho a la ciudad.

Adelantar las acciones que se proponen de cara al logro
de los objetivos de desarrollo del milenio, así como de la
vigencia de los derechos humanos en la vida cotidiana de los
municipios, es un paso adelante en la consolidación de la
democracia. Para ello es fundamental entender la democracia como
dialogo entre
gobernantes y gobernados y entre los diversos estamentos de la
sociedad alrededor de la vigencia de los derechos
humanos.

Bogota, abril de 2006

Anexo.

Por:

Alfredo Manrique Reyes